LAB denuncia que el proyecto del PP promueve la desprotección permanente de las personas paradas

El Sindicato LAB denuncia la actitud del Gobierno hacia las personas paradas. Primero con una reforma laboral que no ha provocado mas que destrucción de empleo, cerrando todas las puertas para acceder a un empleo que permita vivir dignamente. Segundo, con medidas de recorte de las prestaciones por desempleo, con cuantías cada vez más escasas y estableciendo condiciones cada vez más duras que no hacen mas que multiplicar el número de personas sin ningún tipo de protección.

En Euskal Herria, existen 88.000 personas (el 40% del total de personas en paro) que llevan como mínimo dos años buscando empleo. Más de la mitad de las personas paradas carecen de protección al desempleo, el 50,7%. Y entre quienes reciben alguna prestación, cada vez son más quienes reciben las cuantías más bajas como son las prestaciones asistenciales. El resultado: personas paradas a quienes se cierra el acceso al empleo digno y a quienes se les niega la posibilidad de una protección que también ha de ser digna.

La filtración sobre las intenciones del Gobierno del PP en materia de protección pone de manifiesto su ruindad hacia la situación dramática en la que viven miles de personas: propone unas ayudas cuya cuantía está muy por debajo del umbral de la pobreza, exige que la persona parada sufra un año sin ninguna prestación para acceder a ellas, limita la ayuda a 6 meses y excluye a personas que no cuentan con cargas familiares. Es una auténtica burla hacia las necesidades de las personas paradas de larga duración, que se encuentran sin empleo y sin recursos económicos. ¿Cómo pretenden que vivamos?

Exigimos que ninguna persona parada quede sin protección mientras carezca de empleo, y que cuente con prestaciones dignas, nunca por debajo del umbral de la pobreza. Exigimos a los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea que no miren para otro lado, y que asuman la necesidad de adoptar cambios jurídicos y medidas de redistribución de la riqueza para garantizar un sistema de protección propio que permita acceder a condiciones de vida dignas en Euskal Herria.