«La estrategia de guerra es ineficaz contra la izquierda abertzale y contra el ansia de paz». Encarcelado Petrikorena, y Barrena y Díez, en libertad bajo altísimas fianzas

El juez instructor de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska envió ayer a prisión a otro ciudadano vasco, en este caso el mahaikide Juan Joxe Petrikorena, que ingresó en la noche de ayer en la cárcel, al igual que hiciera la víspera Juan Mari Olano.
Junto a Petrikorena tuvieron que comparecer ayer el secretario general de LAB, Rafa Díez, y el también mahaikide Pernando Barrena, para quienes el magistrado español fijó sendas fianzas de 100.000 y 200.000 euros, respectivamente, así como la abogada Arantza Zulueta, quien salió en libertad provisional sin ninguna medida cautelar en su contra, al margen de «comparecer cuantas veces fuera llamada». En su auto, en cualquier caso, Grande-Marlaska califica a Zulueta de «letrada del entramado terrorista», y señala que «podría obedecer a esta condición» su presencia en la rueda de prensa en la que se comunicó la convocatoria de huelga y movilizaciones del pasado 9 de marzo.

«Indicios de criminalidad»

Petrikorena, Barrena, Díez y Zulueta acudieron a la sede judicial de la calle Génova poco antes de las 11.30, acompañados de varios miembros de la Ejecutiva de LAB, como Ainhoa Etxaide, Mati Iturralde e Itziar Lopategi; de Joseba Permach, por parte de la Mesa Nacional de Batasuna;y de otros varios militantes abertzales y procesados en el sumario 18/98. También estuvieron asistidos por varios abogados, como Jone Goirizelaia, Kepa Landa, Aitor Ibero, Zigor Reizabal e Iker Urbina, entre otros.
Rafa Díez fue el primero en entrar el despacho del juez español, seguido de Barrena, Petrikorena y Zulueta. Todos ellos rehusaron responder a las preguntas de las acusaciones. Los abogados de la AVT y de Dignidad y Justicia pedían prisión contra todos ellos, a excepción de la letrada, para quien este último grupo solicitaba que tuviera que comparecer los días que estimara el juez.

Tras ser citados a las 19.00 para darles a conocer los autos judiciales, éstos les fueron comunicados una hora más tarde. En su resolución contra Petrikorena, Barrena y Díez, calcada de la dictada la víspera contra Juan Mari Olano, Gran- de-Marlaska afirma que «existen indiciones racionales de criminalidad»; en el caso de los dos mahaikides, habla de «su participación en un delito de integración en organización terrorista»; y en el caso del dirigente de LAB, el juez especial hace alusión a «un delito de colaboración con organización terrorista».

A los dos miembros de Batasuna, el magistrado de la Audiencia Nacional les acusa también de «inductores» de los «desórdenes públicos y coacciones con fines terroristas» que, a su parecer, se produjeron en la jornada de huelga en protesta por la muerte de Igor Angulo y Roberto Sainz.

En lo que a Díez se refiere, su auto señala que «respecto a las imputaciones a título de inductor», «no se verifican en su persona datos objetivos suficientes», aunque deja abierta la puerta para imputarle también por este hecho.

Respecto a Petrikorena, el único contra quien ordenó ayer su ingreso en prisión, el juez Grande-Marlaska sostiene que puede procesarle por un «delito de integración» a pesar de estar imputado por este mismo motivo en la causa abierta contra EHAK, y argumenta como motivo para dictar su encarcelamiento y no fijar una fianza «el hecho de estar imputado en otra causa y en situación de libertad bajo fianza de 100.000 euros», de lo que «cabe concluir no sólo un peligro concreto de fuga, sino, asimismo, un pronóstico razonable de reiteración delictiva».

Respecto a Barrena, el magistrado basa los «indicios racionales de criminalidad» en el hecho de que «ocupa puestos claves dentro de la ilegalizada Batasuna, desde hace tiempo y hasta el día de la fecha».

En cualquier caso, tras señalar que «no consta su imputación en otra causa, ni medida cautelar contra su persona», considera «proporcional acordar su libertad provisional, si bien para garantizarla deberá prestar en el plazo de una semana la fianza de 200.000 euros». Mientras tanto, el dirigente independentista deberá firmar todos los días «en la comisaría de la Ertzaintza perteneciente a su domicilio» ícabe recordar que Barrena reside en Nafarroaí, obligación que será quincenal tras depositar la fianza.

«Dio cobertura»

Idéntico plazo establece Grande-Marlaska para que Rafa Díez deposite los 100.000 euros de fianza, así como la misma obligación de firmar en la comisaría de la Policía autonómica.
En el auto dictado en su contra, el juez acusa al secretario general de LAB, precisamente por ocupar este cargo, de «dar cobertura a los actos de violencia callejera convocados por Batasuna el 9 de marzo». Recuerda, además, que está impu- tado en la causa contra Aukera Guztiak, aunque señala que no pesa sobre él ninguna medida cautelar, por lo que ha decidido fianza.

Sobre Zulueta dice que «no consta al momento actual que su intervención fuera directa a la materialización de hechos criminales».

Grande-Marlaska emula a Garzón: «Obedecieron la decisión de ETA»

El auto por el que Grande-Marlaska envió a prisión a Juan Mari Olano, además de incurrir en varios errores, insiste en que la jornada de huelga y movilización fue promovida por ETA y «posteriormente asumida, dirigida y coordinada por los frentes político-institucional y "de masas"». Le acusa de «inductor de 108 actos violentos» recogidos en un informe de la Ertzaintza. El resto de los autos son similares.

La tesis esgrimida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española para llamar a declarar a seis representantes abertzales con motivo de la jornada de protesta y ordenar prisión para el primero de ellos se resume en una frase, recogida en la página 16 del auto de encarcelamiento de Juan Mari Olano: «(...) Obedecieron a una decisión adoptada primeramente por el frente militar (organización terrorista ETA) y, posteriormente, asumida, dirigida y coordinada por los frentes político-institucional y "de masas" del entramado terrorista, y de los cuales Juan María Olano forma parte integrante (...) Participó en la decisión finalmente adoptada y asumió los resultados criminales».

Los «resultados criminales» a los que se refiere Fernando Grande-Marlaska en este auto, prácticamente idéntico a los emitidos ayer, son los 108 «actos violentos» que enumera, de uno en uno, y que se recogen en un informe remitido por la Ertzaintza. Entre ellos destaca (incluso está en negrita) el aviso en nombre de ETA de la colocación de cuatro artefactos en otras tantas carreteras de acceso a Euskal Herria, al igual que un aviso falso de bomba en Hernani. El juez acusa al portavoz del movimiento pro-amnistía de «inductor» de todos ellos.

Cabe recordar que aquel día 9, muchos representantes políticos, empezando por la portavoz del Gobierno de Lakua, Miren Azkarate, relacionaron esas acciones de la organización armada con la jornada de huelga y movilización.

Error, incluso en el lema

Estos con algunos de esos «hechos delictivos»: sellado de pivotes en Errenteria; utilización de silicona y pegamento en cajeros (habla de casos en Donostia, Bilbo, Balmaseda...); «desconocidos introducen algo en cerraduras de la oficina de Correos» en Bilbo (en otros casos alude a palillos); una pintada de «Dispersión vasca» en el batzoki Matiko de la capital vizcaina; barricadas varias; cortes de carretera mediante pancarta; la identificación en Irun de dos personas que «trasladaban en un vehículo carteles referentes a la huelga»;en Gasteiz, «50 personas en el interior del campus iniversitario, se desconocen sus intenciones»; «seis piquetes en la escuela de idio- mas» de Bilbo; «identificación de seis personas que repartían octavillas» en Bilbo; «se pegan carteles convocando a las manifestaciones» en Amurrio..

La jornada de huelga y movilización del 9 de marzo, convocada por la izquierda abertzale con motivo de las muertes de Igor Angulo y Roberto Sainz [de quien el juez dice que era «preso de la organización terrorista ETA», a pesar de que estaba en situación preventiva] y por la actuación represiva de la Ertzaintza contra los actos de despedida, se llevó a cabo, según dice el auto, bajo el lema «Dispersión asesina», cuando en realidad era «Dispertsiorik ez. Konponbide demokratikoaren alde». Es sólo uno de los errores que comete el juez, como el hecho de identificar a Joseba Alvarez como uno de los participantes en la rueda de prensa en la que la izquierda independentista convocó la jornada de protesta.

Precisamente, alude una y otra vez a esa comparecencia, que se celebró en Bilbo, para argumentar su tesis. En su relación de hechos, señala que ETA, en su comunicado del día 3, «llamaba a la movilización» en protesta por los fallecimientos de los prisioneros y que como «consecuencia de lo anterior, así como de la íntima conexión de Batasuna con ETA, de la cual es su frente político-institucional, el 5 de marzo de 2006, los miembros de aquélla, entre los que se encontraban Arnaldo Otegi, Joseba Alvarez y Juan María Olano, comparecieron en rueda de prensa para anunciar la convocatoria».

Sostiene que la huelga y las movilizaciones, secundadas por decenas de miles de personas, fueron «otro pretexto para poner en cuestión la paz pública y el orden constitucional, lo cual es propio del entramado ETA-Batasuna, que hace del empleo del terror dosificado su única arma de comunicación social».

«Los hechos anteriormente descritos [el listado de 108] fueron instados y organizados directamente por Batasuna (...), en coordinación con el frente de masas de ETA constituido principalmente por las ilegalizadas Jarrai-Haika-Segi y siguiendo los dictados de ETA», insiste Grande-Marlaska, quien afirma que en todo ello ha ocupado «un puesto principal en su decisión y planificación Juan María Olano, como miembro de la ilegalizada Batasuna, así como de Gestoras pro-Amnistía», un organismo que dejó hace tiempo de existir.

Alude en más de ocación al «papel preferente» jugado por Olano en la rueda de prensa del día 5, pese a que la única persona que intervino fue Otegi. Y considerando que existe «un peligro concreto de fuga», decreta su prisión provisional. -

Hasta la «imprudencia de escolares»

Entre los 108 «hechos criminales» que enumera el auto, el juez de la Audiencia Nacional española cita que en Gasteiz «varios jóvenes salen del colegio Corazonistas e incendian un vehículo, afectando el fuego a otro próximo». Estos hechos fueron relacionados el día 9 por la mayoría de medios con la jornada de huelga y movilización de la izquierda abertzale. En los días siguientes nadie dijo nada sobre el suceso. Hasta ayer, justo el día en que se conocía el contenido del auto judicial de Grande-Marlaska. El Departamento de Interior de Lakua emitió una nota en la que indicó que «la Ertzaintza ha podido determinar que el incendio se debió a una imprudencia de un grupo de escolares. Al parecer, los estudiantes estuvieron jugando con unos periódicos y dieron fuego a un ejemplar que provocó un incendio que no pudieron controlar». Añadió que «todas las diligencias realizadas se pondrán mañana [por hoy] en manos de la Fiscalía de Menores».

«La estrategia de guerra es ineficaz contra la izquierda abertzale y contra el ansia de paz»

El mahaikide Joseba Permach acompañó ayer a los dirigentes de la izquierda abertzale que tuvieron que comparecer ante el juez Fernando Grande-Marlaska. Poco después de conocer la resolución del magistrado español, el dirigente abertzale declaró a GARA que «el juez liga estos autos a la convocatoria de huelga y de movilización del pasado jueves, que precisamente había sido convocada para denunciar la dispersión», y agregó que «Juan Mari Olano y Juan Joxe Petrikorena, que han sido encarcelados, también serán dispersados, y por lo tanto, vuelve a quedar en evidencia que el PSOE, en la medida que gestiona el Estado español, sigue apostando por su estrategia de guerra».
Frente a ello, el portavoz independentista hizo un llamamiento a la sociedad vasca para que secunde las movilizaciones convocadas para las próximas jornadas.

Por la mañana, a la entrada de la Audiencia Nacional español, Permach ya destacó esta misma idea ante los numerosos medios que le rodeaban, señalando que esta citación judicial «demuestra que el PSOE sigue manteniendo intacta la estrategia de represión contra la izquierda abertzale y contra Euskal Herria. En este sentido, tenemos que decirle a José Blanco y a todos los responsables del PSOE que es incompatible decir que se mantienen intactas las expectativas de paz y a la vez mantener intacta una estrategia de guerra».

Junto a ello, Permach recordó que «esa estrategia de guerra y de represión ha resultado ineficaz para acabar con la izquierda abertzale y con las ansias de paz y de libertad que tiene el pueblo vasco de conseguir un escenario diferente».

«Esa estrategia sólo ha servido para garantizar el alargamiento del conflicto, y por lo tanto, el PSOE y el Estado español tienen que dejar al margen la estrategia de guerra y de represión, que si se mantiene intacta como hasta el día de hoy es totalmente incompatible con una apuesta de paz y una apuesta por un proceso de solución», insistió el mahaikide.

Ante esta situación, como hiciera horas después, Permach hizo un llamamiento a la ciudadanía vasca en general y a los agentes sociales, políticos y sindicales en particular a que «denuncien este tipo de agresiones, de forma clara y contundente , para decir que no estamos dispuestos a recibir por parte del Estado esas agresiones», al tiempo que instó a acudir a las movilizaciones que se han convocado para los próximos días.

Movilizaciones contra quienes «quieren obstaculizar un nuevo tiempo político»

La concatenación de ataques a la izquierda abertzale ha llevado a un grupo de ciudadanos a llamar a la movilización, al considerar que tras estas actuaciones se esconde un intento de «condicionar y obstaculizar el nuevo tiempo político que se está abriendo en Euskal Herria».

Un grupo de ciudadanos vascos, preocupados ante «los graves acontecimientos ocurridos últimamente», comparecieron ayer en Donostia para llamar a la sociedad a «dar una respuesta a los mismos» saliendo a la calle este fin de semana.
Entre esas situaciones citaron las muertes de Igor Angulo y Roberto Sainz en las cárceles de Cuenca y Aranjuez, respectivamente, las actuaciones judiciales tendentes a instaurar de facto la cadena perpetua o la decisión de encarcelar a Juan Mari Olano y Juan Joxe Petrikorena e imponer fianza a Rafa Díez y Pernando Barrena, citados todos ellos junto a Arnaldo Otegi y Arantxa Zulueta.

Las personas que tomaron la palabra subrayaron que a su juicio «el objetivo de todos estos ataques es condicionar y obstaculizar el nuevo tiempo político que se está abriendo en Euskal Herria. Quieren sacarlo del carril de las soluciones y hacer caso omiso al deseo mayoritario de este pueblo», declararon.

Una actitud que imputaron a la actuación de los estados español y francés, al estimar que «cada vez está más clara la vulneración de derechos civiles y políticos por parte ambos. Reivindicamos el final de esa vulneración».

«Queremos soluciones»

«Las estrategias de represión y de negación han fracasadoíapostillaroní. Este pueblo quiere y necesita soluciones. Este pueblo quiere justicia. A todos nos corresponde respaldar e impulsar esos deseos con palabras y hechos. No podemos dejar en manos de los estados esta nueva oportunidad de solucionar el conflicto. Es la hora de respetar la voluntad, la palabra y la decisión de este pueblo», afirmaron.
En este sentido, llamaron a participar en las movilizaciones convocadas para este fin de semana y el próximo en cinco herrialdes. La primera cita será mañana en Baiona, a las 14.30, ante el Consulado español. A las 19.00, también mañana, el punto de encuentro será la Plaza Bilbao de Gasteiz.

El domingo habrá dos nuevos actos. Uno en Oiartzun, coincidiendo con la tradicional plantación de robles en Arritxulegi por los presos y exiliados fallecidos durante el año anterior. La protesta comenzará a las 12.30 en Herriko Plaza. La convocatoria de Bilbo es a la misma hora en la Plaza Sagrado Corazón. En cuanto a Iruñea, la movilización tendrá lugar el próximo sábado día 25. El lugar y la hora están todavía sin concretar en este caso.

Reafirmación en Baiona

Por otro lado, Batasuna, AB, EA, LAB, Askatasuna y el colectivo Matalas reiteraron ayer en Baiona su respaldo al contenido de la declaración conjunta suscrita la pasada semana junto a otros agentes políticos, sindicales y sociales en la que se considera que la decisión del juez Grande-Marlaska «es un ataque contra la resolución política del conflicto».
Tras dar lectura a la declaración, hicieron un llamamiento a los abertzales y demócratas de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa a que participen en las movilizaciones convocadas, en particular la que tendrá lugar mañana en Baiona.

La portavoz de AB, Mertxe Colina, manifestó que «lo acaecido estas últimas semanas no es novedoso, ya que cuando se está a la puerta de este tipo de procesos suelen ocurrir estas cosas. Son inaceptables, pero no extrañas».

Por su parte, el dirigente de EA Manex Pagola aseguró que «es evidente que ni el Estado español ni el francés están dando el más mínimo paso para buscar la solución». Consideró que en la actualidad la situación más dura la sufren los presos políticos y afirmó que los dos estados están conculcando «descaradamente» sus derechos.

«Ley, derecho y dignidad»

Indicó que «por ley, derecho y dignidad», corresponde en primera instancia a los estados dar un paso que «bien pudiera ser que mañana mismo acabase con la dispersión de los presos».
El representante de Eusko Alkartasuna manifestó acto seguido que «por supuesto» también ETA debería acabar con su actuación armada, pero que «es comprensible que no lo haya hecho, porque los dos estados no dan ni medio paso para arreglar la situación».

Preguntados directamente sobre la posición del PNV respecto a este documento, Mertxe Colina recordó que el origen de la jornada de huelga y movilización llevada a cabo el pasado día 9 de marzo estuvo en que la Ertzaintza «actuó brutalmente» durante los días ante- riores.

«Es evidente que determinados agentes tienen su carga de responsabilidad íañadió Mertxe Colina en refe- rencia a los jeltzalesí, lo que no les hace sentirse cómodos para apoyar este tipo de iniciativas».

ARALAR
Aralar denunció que «a Batasuna se le exige que use las vías políticas, pero luego se le cierran todas esas vías, además de valerse de los derechos legítimos, como el de la huelga». Por ello, calificó la decisión de la Audiencia Nacional de «contrasentido» y llamó a «reforzar el camino hacia la paz» mediante el impulso del proceso.

BATZARRE
Batzarre subrayó que «no hay razones jurídicas» para procesar a los dirigentes de la izquierda abertzale, por lo que rechazó «la politización de la Justicia». Junto a ello, reclamó al Gobierno de Rodríguez Zapatero que acabe con las actuaciones de este tipo, al tiempo que exigió a ETA que «ponga ya fin a su actuar violento».

ZUTIK
Zutik rechazó la causa abierta en la Audiencia Nacional y calificó de «grave y preocupante que se encarcele a personas que deben jugar un papel destacado en un posible proceso de paz, pero más grave aún nos parece el hecho de hacer responsables legales de los incidentes ocurridos en una huelga a sus convocantes».

extraído de www.gara.net

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