Los trabajadores de GARA reclaman apoyo para la libertad de expresión

El sindicato LAB y los comités de KIE y Baigorri Argitaletxe ílas empresas dedicadas a la impresión y a la edición de GARAí destacaron el pasado viernes que la adjudicación de la supuesta deuda de Hernani Inprimategia íimpresora de "Egin"í con la Seguridad Social por parte de la Audiencia Nacional española a KIE «responde al intento de ahogar a un medio de comunicación abertzale», por lo que reclamaron la solidaridad de los sindicatos y de los trabajadores de los medios de comunicación de Euskal Herria.

Haritz Varela, delegado de KIE, explicó que la impresora de GARA se encuentra en suspensión de pagos desde hace dos años, cuando comenzó el proceso judicial para atribuir la deuda de "Egin" a este diario.

«Hoy es el día en el que esa sentencia se ha convertido en firme, y como consecuencia, los 21 trabajadores de esta empresa podemos quedarnos sin empleo de la noche a la mañana si se aplica», explicó Varela.

En este sentido, el representante de los trabajadores de KIE subrayó que «tenemos claro que esta sentencia no se debe a la mera actuación de la Seguridad Social, sino que responde a una decisión política del Gobierno español. Aunque ahora vayan directamente contra KIE consideramos que estamos ante una nueva agresión contra Euskal Herria», indicó.

Por ello, hizo un llamamiento a los trabajadores vascosa que tomen parte en las futuras acciones que se lleven a cabo en contra de esta decisión.

Teresa Toda, responsable del sector de Medios de Comunicación de LAB, insistió en que la decisión de la Audiencia Nacional «pone de nuevo en riesgo las libertades de información y de expresión en este pueblo» y subrayó que la adjudicación de la deuda de "Egin" a KIE «supone un nuevo paso que coloca en la cuerda floja al proyecto comunicativo de EKHE».

«Asimismo, se pone en riesgo el futuro laboral de los trabajadores de las empresas vinculadas a GARA, lo que, como sindicato, tenemos que denunciar especialmente», añadió Toda.

Toda destacó que «la última decisión de la Audiencia Nacional española no tiene ni pies ni cabeza y sólo se explica si se ubica en un contexto más amplio, en el que las decisiones políticas se imponen a los argumentos jurídicos».

De este modo, explicó que "Egin" y Egin-Irratia permanecen cerrados desde 1998, sin que, hasta el momento, se haya celebrado ninguna clase de juicio. «Con estos cierres consiguieron un objetivo político: hacer callar una voz abertzale que resultaba incómoda al Estado y a los gobiernos».

«Siete años después, en un proceso paralelo, constatamos que la ofensiva contra los medios de comunicación abertzales sigue abierta. Hacer que un medio de difusión se ahogue económicamente es una manera de matarlo más suave, pero el objetivo es el mismo: eliminar una línea editorial e ideológica totalmente legítima en el espacio comunicativo vasco».

Asimismo, Toda destacó que tras los cierres de "Egin" y Egin-Irratia más de 200 trabajadores quedaron sin empleo y que muchos se colocaron en las empresas que se crearon después. «Ahora, se está utilizando la presencia de estos trabajadores para justificar una sentencia injusta. ¿Es que la Audiencia Nacional quiere también conculcar los derechos laborales de los ciudadanos vascos? ¿Es que va a ser Madrid quien decida dónde podemos trabajar?».

Mati Iturralde, miembro de la Ejecutiva de LAB, calificó de «muy grave» lo sucedido y mostró su solidaridad a los trabajadores del proyecto de GARA.

«Ataque muy grave»

«En estos momentos podemos decir que la libertad de expresión y de información de todosnosotros están en peligro. Por ello, hacemos un llamamiento a los trabajadores del resto de medios de comunicación para que denuncien estos ataques desde sus respectivos ámbitos, porque estos ataques nos afectan a todos», destacó Iturralde.

Junto a ello, Iturralde hizo un llamamiento especial al resto de sindicatos vascos «para que se sumen a esta lucha de los trabajadores de KIE y GARA».

«Desde el mundo sindical tenemos claro qué importancia tiene la libertad de información a la hora de poner en marcha cualquier iniciativa y cómo, en numerosas ocasiones, este proyecto comunicativo nos ha mostrado apoyo y nos ha ofrecido su espacio para difundir multitud de luchas. Ahora son ellos quienes necesitan nuestro apoyo y nuestra ayuda», añadió la dirigente de LAB.

Además subrayó que «en este nuevo ciclo político que se abre en Euskal Herria, en el que tiene que haber cauce de expresión para todas las formas de pensar y de trabajar, es necesario que hagamos un trabajo en común que plantearemos a las organizaciones sindicales y a los comités de empresa de los medios de comunicación».

ANV también mostró su apoyo tanto a la empresa como a los trabajadores de GARA y se declaró dispuesto a secundar todas las movilizaciones.

Junto a ello, esta formación destacó que «transcurrido un año desde el cambio de Gobierno en Madrid no ha sido desmontado ninguno de los instrumentos judiciales, legislativos y represivos creados por la ultraderecha española durante los diferentes gobier- nosformados por el PP, destinados exclusivamente a someter a Euskal Herria».

Varela: «La deuda no es nuestra, nos la han endosado»

Haritz Varela explicó que la suspensión de pagos en la que se encuentra actualmente KIE«es impuesta, ya que no se ha producido porque la empresa vaya económicamente mal, ni mucho menos, sino que se debe a que nos acusan de ser sucesores de otra empresa, por lo que nos endosan una deuda de unas 450.000 euros».

En este sentido, Patxi Agirre, miembro del comité de empresa de Baigorri Argitaletxe, explicó que «la suspensión de pagos se debe a una situación forzada no por la deriva del propio proyecto periodístico íque tiene su mercado, sus lectores y su ámbito de difusióní sino que es algo sobrevenido y ajeno a cualquier dinámica lógica de empresa».

El delegado sindical de KIE destacó que este hecho tiene influencia directa en la situación laboral de los trabajadores. «Es muy sencillo: en cuanto que esa sentencia, que es firme, se aplique 21 trabajadores se pueden quedar en la calle. Esta situación se puede producir en cualquier momento».

Los letrados que representan a KIE han mostrado su intención de recurrir en amparo esta sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional espa- ñola ante el Tribunal Constitucional, pero, en el caso de que fuera admitido a trámite, no paralizaría cautelarmente una eventual acción de la Tesorería General de la Seguridad Social para cobrar la deuda ahora endosada.

Los abogados de esta empresa remarcan que en esta causa judicial se han vulnerado varios derechos fundamentales.

Una situación que se puede repetir con Baigorri

Además de la causa abierta contra KIE, en la Audiencia Nacional española existe otra abierta contra Baigorri Argitaletxe, editora de GARA, en la que la Seguridad Social le reclama un total de 4,67 millones de euros, al considerar, sin ninguna base sólida, que es continuidad de Orain S.A., editora de "Egin". Actualmente, existe un recurso contencioso-administrativo en contra de esta decisión de la Tesorería General de la Seguridad Social que la Audiencia Nacional deberá resolver en un breve plazo.

www.gara.net