Madrid forzará la ley para arrebatar alcaldías abertzales

Para ello propone cambios en la Ley de Bases de Régimen Local.

GASTEIZ-. El Gobierno español, una vez más, volvió a subirse a la ola provocada por la derecha política, mediática y patronal y anunció ayer una nueva reforma electoral contra la izquierda abertzale, en este caso "para impedir que los representantes de una formación política ilegalizada puedan gobernar los ayuntamientos".

Cabe señalar a este respecto que en las últimas elecciones municipales más de la mitad de las candidaturas presentadas por la izquierda abertzale ni siquiera pudieron presentarse a las elecciones.

Pese a ello, y con las que pasaron el filtro judicial, obtuvo hasta un total de 43 alcaldías.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera señaló que la reforma se hará "como siempre, con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias" y argumentó que el Ejecutivo seguirá siendo "muy escrupulosos con el cumplimiento de las leyes para que nadie pueda burlar la Ley amparándose precisamente en ella".

María Teresa Fernández de la Vega fundamentó esta decisión gubernamental de incluir modificaciones legales en que la actual legislación tiene "características que dificultan la actuación". Por ello, anunció que, teniendo en cuenta el marco constitucional, "se trataría de introducir en la Ley de Bases de Régimen Local unas nuevas normas que produjeran el resultado que les he dicho".

Añadió que "puesto que se ha producido una ilegalización y, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la ilegalización no comporta la disolución de los ayuntamientos, se trata de buscar legalmente unas vías que, en el ámbito de la Constitución, permitan impedir que representantes de formaciones políticas ilegalizadas por razones de apoyo al terrorismo puedan gobernar los ayuntamientos". "Creo que el objetivo y los instrumentos están claros", apostilló.

En cualquier caso, el Gobierno de Zapatero ya está explorando también las posibilidades que ofrece la legislación actual para evitar que la izquierda abertzale pueda gobernar en los ayuntamientos, y la vicepresidenta primera aclaró que se han dado ya instrucciones al servicio jurídico del Estado para que estudie todos los resquicios posibles.

En este punto, De la Vega explicó que se van a explorar las posibilidades del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que, en su punto segundo incluye como causas para la disolución de un ayuntamiento que éste de cobertura o apoyo "expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participan en su ejecución o enaltezcan o justifiquen el terrorismo" y también en el caso de que "menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familias".

No obstante, la vicepresidenta admitió que "no es un asunto fácil" y que se trata de un "artículo difícil", porque las condiciones que establece hacen "muy difícil o imposible proceder a la disolución", ya que exige que las conductas se produzcan de manera "reiterada".