Tres personas serán juzgadas por los sucesos del chupinazo de los San Fermines 2025

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Iruñea nº 3 ha procesado a tres jóvenes por los sucesos previos al chupinazo de los Sanfermines de 2025. El 6 de julio del año pasado, durante el inicio de las fiestas de San Fermin, concretamente unos pocos minutos antes del chupinazo, un grupo de jóvenes que subían por la cuesta de Santo Domingo con la intención de acceder a la plaza del Ayuntamiento sufrieron una carga policial al cruzar el cordon que habían formado las fuerzas represivas en la entrada de la plaza. Los agentes de la Policía Española, junto con varios Policías Municipales, cargaron haciendo uso de sus porras.

Como consecuencia de esta carga varias personas resultaron heridas y los policías españoles inmovilizaron en el suelo a un joven, que posteriormente fue detenido bajo la acusación de atentado contra agente de la autoridad y desórdenes públicos. Después de la carga policial la calle permaneció cortada al tránsito durante un tiempo. Además, cabe destacar que desde primera hora de la mañana un amplio dispositivo policial compuesto por diferentes cuerpos represivos estuvo controlando el Alde Zaharra de Iruñea. Durante este dispositivo policial se empleó un helicóptero y varios drones y los policías identificaron ha varios miembros de diferentes colectivos que estaban colocando propaganda política.

Todavía no hay fecha de juicio y la fiscalía todavía no ha presentado su escrito en relación a estos hechos. Pero según han afirmado varios medios, una acusación particular, en representación de uno de los policías implicados, ejercida por el abogado Guillermo Chaverri, reclama un total de 5 años de prisión para un encausado. El joven que se enfrenta a 5 años ha sido acusado de "agredir a cuatro agentes". Los tres encausados han sido acusados de delitos de desórdenes públicos, varios de atentado y un delito leve de daños.

Policías ejerciendo de acusación particular

No es la primera vez que agentes de la policía se personan como acusación particular con el fin de aumentar la represión. De hecho, hace pocos meses vimos a un sindicato policial realizar este acto. Fue Euspel, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, el cuál exigió mas represión para los antifascistas detenidos el 12-O. El sindicato policial pide que se les acuse de un delito de desórdenes públicos y de otro de atentado a agentes de la autoridad agravado por el uso de un “instrumento peligroso”, en alusión al lanzamiento de adoquines. El tipo agravado de este delito puede suponer una pena de cárcel de hasta 4 años y 6 meses, que es la condena que pide el sindicato para los veinte investigados.