El alcalde de Aramaio, inhabilitado siete años por pulsar la opinión de los vecinos

El alcalde de Aramaio, Asier Agirre, ha sido condenado a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público, acusado de un delito de "prevaricación administrativa" por la convocatoria de una encuesta sobre el Tren de Alta Velocidad en 2007.

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Gasteiz y difundida ayer por la agencia Efe, no es firme ya que cabe la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Araba.

En el fallo, la magistrada Elena Cabrera considera "probado" que el alcalde de Aramaio "ideó un plan" para convocar un referéndum con el fin de conocer la opinión de los vecinos sobre el Tren de Alta Velocidad, "sin cumplir con los requisitos que el Ordenamiento Jurídico establece para este tipo de consultas".

La consulta se llevó a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2007, coincidiendo con la elección de los alcaldes pedáneos de la localidad, y en ella tomaron parte más del 50% de los vecinos (673 de un total de 1.280), de los cuales, 654 rechazaron el proyecto del TAV, 10 lo apoyaron y 9 votaron en blanco.

La magistrada argumenta que para realizar la encuesta "puso a disposición de la misma todos los medios materiales de titularidad del Ayuntamiento" y que el resultado de la misma "fue pegado en la puerta del Ayuntamiento usando un documento con membrete del Ayuntamiento de Aramaio". Asimismo, le acusa de haber omitido comunicar a la Delegación del Gobierno español el acuerdo de la corporación "para evitar que se pudiera impugnar ante los tribunales".

No obstante, le absuelve de un delito de desobediencia, al no quedar acreditado que Agirre tuviera conocimiento de la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Gasteiz que acordó la suspensión de la encuesta.

La Fiscalía le había acusado de sendos delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación, y pedía en total nueve años de inhabilitación para empleo y cargo público, mientras que la defensa, ejercida por el abogado Iñigo Iruin, solicitaba su absolución. En su defensa, Agirre negó que se hubiera celebrado una consulta sino una encuesta.

Finalmente, la juez encargada del caso le ha impuesto siete años de inhabilitación y le ha condenado al pago de las costas del proceso.