Una familia vive en un coche por culpa de la crisis capitalista

Esta mañana denunciábamos que Luis Miguel Santamaria, de 52 años, y su hijo de 18 años, llevan desde hace un mes y medio viviendo en un coche. Producto de su situación de desempleo y la falta de respuesta por parte de los servicios sociales de los consistorios de Barakaldo y Sestao.

Al día de hoy se encuentra con la imposibilidad de acceder a una pensión o una vivienda al encontrarse en una situación de desempleo producto de la actual crisis económica. Luis Miguel Santamaria es uno de los 16.088 parados que existen en la Margen Izquierda afectados por la actual situación de crisis económica; uno más al que se le ha agotado la “famosa” ayuda de 420 euros. En concreto, el 14 de junio se le acabó esta prestación social y, una vez agotados todos sus ahorros, ha terminado, junto con su hijo, viviendo en la calle.

Luis Miguel Santamaria con esta comparecencia pública, después de haberse reunido con los servicios sociales de ambos consistorios de la Margen Izquierda, quiere exigir que se haga efectivo el derecho que le asiste a él, y a su hijo, a alguna prestación social que les permita acceder a una vivienda digna; y que los servicios sociales realicen las gestiones necesarias para garantizarlo.

Vecino de Barakaldo de toda la vida, además su hijo estudia en un instituto de Barakaldo, se dirige a los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo, sobre todo a su “servicio de urgencias sociales”. Después de 10 días de espera, hoy se han puesto en contacto con él los servicios sociales del Departamento de Acción Social. Su solución: una posible cita para estudiar su caso el jueves de la semana que viene. Es decir, que siga sin dinero para comer y viviendo en la calle durante una semana. Esa es la agilidad del “servicio de urgencias sociales” del Ayuntamiento de Barakaldo.

Por otro lado, se encuentra con que después de una reunión mantenida con el Alcalde de Sestao, José Luis Merino, para explicar su situación no recibe ninguna solución. Se le deja un número de teléfono para que se ponga en contacto con él y facilite algún tipo de respuesta. A día de hoy todavía se esta esperando su llamada.

Pero, ante la concentración de hoy ante el coche donde vive esta familia desde hace más de un mes, la respuesta del Ayuntamiento de Sestao es precintar el vehículo e instar a su retirada de la vía pública condenando a dormir en la calle al joven estudiante y su padre. Producto de esta actuación la familia se queda sin mantas ni ropa, que están dentro del vehículo.

16.088 personas se encuentran paradas en la margen izquierda, con una tasa de desempleo cercana al 18%, una de las más altas de Euskal Herria. Por ello, no es producto de la casualidad que 59 familias de Barakaldo y Sestao hayan sido desahuciadas de su vivienda a lo largo del primer trimestre del año 2010 –últimos datos conocidos y según se detalla en un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial-. 176 fueron desahuciadas a nivel de toda Bizkaia.

Estas son las consecuencias más dramáticas de la actual crisis sobre las familias vascas. Un aumento alarmante del desempleo, abultadas tasas de precariedad laboral, salarios y ayudas sociales de miseria, recortes en las prestaciones sociales. El mercado de la vivienda por las nubes y la lentitud de las medidas contra la crisis, que tanto pregonan las administraciones públicas, impiden a miles de familias ver cubierto con garantías su derecho a una vida y una vivienda digna.

Pero de estas situaciones también son responsables las instituciones públicas. Así, hay que recordar que el Ayuntamiento de Barakaldo, como reconoció el propio Departamento de Acción Social, tiene paralizados desde mayo los expedientes de 1.530 familias que han pedido una ayuda social al consistorio fabril, sólo se ha atendido el 73 de las solicitudes. Así y todo, las familias que han visto abonada la asignación económica reciba han visto como se le recortaba en un 50% "por motivos presupuestarios".

Otro tanto ocurre en Sestao, donde el dinero para ayudas sociales se agotó en mayo –aún con el recorte, que aplicó el equipo de gobierno, de un 20% en la asignación económica a conceder a las familias-. Las nuevas consignaciones presupuestarias no garantizan que se pueda atender todas las peticiones. Se prevé que sólo lleguen al 75% de las peticiones.

Ante todo esto exigimos al conjunto de administraciones una mayor protección social. Así,

- Se ha de garantizar una oferta suficiente y asequible de vivienda pública en alquiler social como vía para garantizar el acceso universal a la vivienda.

- Se ha de aumentar el conjunto de ayudas sociales destinadas a las familias con escasos recursos económicos. En lugar de recortar, ampliar los derechos sociales.

Berri-Otxoak (Plataforma Contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales)