Se cumplen 40 años del asesinato de Yolanda González

La noche en que mataron a Yolanda González, 1 de febrero de 1980, los termómetros, según los registros históricos, marcaban 6ºC en la Zona Sur de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, no fue el frío, sino tres disparos a quemarropa, dos de ellos en la cabeza, los que helaron su vida para siempre en un descampado a la altura de Alcorcón, tras haber sido secuestrada. La autoría corresponde a los asesinos Emilio Hellín Moro e Ignacio Abad Velázquez, pertenecientes a la ultraderechista Fuerza Nueva, componentes del Batallón vasco-español, y que contaron con el contubernio policial, como así lo acredita el sumario de la causa. Apenas unos días antes, esta joven bilbaína, que residía en Aluche por sus estudios de FP en electrónica en Vallecas, había cumplido 19 años. Era afiliada desde los 16 a las Juventudes Socialistas de España en la corriente Izquierda Socialista, evolucionando hacia el trostkismo. En plena Transición, su ideología le supuso su tumba. ¿Y su recuerdo donde la liquidaron, qué?

En los albores de 2018, a petición de la Asamblea de Leganés por la República, la edila no adscrita Rocío Cruz presentaba un ruego con el fin de que fuese colocada una placa que honrase la memoria de Yolanda, solicitud posteriormente aceptada por la Comisión plenaria de cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. No en vano, dos años más tarde y a pocos días del 40 aniversario del execrable acto, y con un Ejecutivo de PSOE-Leganemos mediante en la localidad, aún no hay rastro de la conmemoración. Para indagar en los recodos de uno de los casos más sobrecogedores de la España postfranquista, nuevocronica.es se ha reunido con cuatro conocedores del suceso: Nacho Alcalde, profesor y escritor; Kike Pinel, activista por la Memoria Histórica; Jacinto López, responsable de Memoria Histórica y Republicanismo de Podemos Leganés; y Luis Lopesino, portavoz de la Asamblea de Leganés por la República.

“Yolanda es todo un icono de regresar la libertad a nuestro país. Junto con el asesinato de los Abogados de Atocha, el suyo es el más sonado de la Transición”, arranca firme Nacho Alcalde. ¿Pero cuál fue su ‘delito’? “La matan única y exclusivamente por ser una líder estudiantil de izquierdas”, responde Jacinto López, al tiempo que apunta Kike Pinel que “es determinante que su pareja, con quien compartía piso, tuviese apellido vasco. Alejandro Arizcun, economista y sobrino de Camilo José Cela, lo puso en su buzón y ello es entendido por los asesinos como una clara conexión con ETA”. Su nombre, pues, estaba anotado en la agenda de la ultraderecha. “El director de la Escuela de Formación Profesional en que estudiaba Yolanda, Rodrigo Rial, es quien notifica a Fuerza Nueva la presencia de una chica vasca, propiciando su investigación y asesinato”.

Así llegaría la madrugada más lacerante y escarchada. Concretamente, la ejecución a sangre fría se rubricó por parte de Hellín y Abad en una suerte de parterre a la altura de Alcorcón, toda vez tomada la carretera de San Martín de Valdeiglesias, próximo al kilómetro 3. Tal y como explica Alcalde, para este medio, “previamente a los tres tiros, le pegan una paliza. En ese momento iba sola”. Yolanda compartía piso con su pareja y otra compañera de partido. Esa noche, los criminales se presentan en la casa con placas falsas de policía para poder entrar. “El novio vuelve más tarde y se da cuenta a la mañana siguiente de que su cartera está ahí, hecho que le alarma sobremanera, mientras que la compañera no regresaría hasta el día siguiente por la tarde, que es quien finalmente la identificará ya sin vida ante la policía”, termina el profesor. El cuerpo de Yolanda fue hallado por un trabajador de limpieza sobre la tierra que le hacía las veces de macabro colchón a la muerte.

La frialdad con que se liquida a Yolanda nos lleva a preguntarnos por la seguridad de hace 40 años. ¿Bastaba con interceptar a la persona de ideología contraria con el fin único de liquidarla? ¿Eran años de ‘calles sin ley’? Las cuatro voces asienten pesarosas. Para Jacinto López, “es indudable que así era, y tras más de 40 años de dictadura con una violencia sistemática contra todo aquel que pudiera ser un peligro para el sistema franquista. La policía y jueces eran los mismos, mientras que los Tribunales de Orden Público (los famosos TOP) blanqueaban”. Por su parte, Pinel agrega que “en más de 3.000 acciones entre 1975 y 1982 se producen 700 muertes violentas”.

¿QUÉ PASÓ CON LOS ASESINOS? 

También los cuatro coinciden al señalar que el vil acto perpetrado por Hellín y Abad contó con “connivencia policial”. No en vano, no es una mera impresión. Para Lopesino, “esto es algo que atestigua el sumario de la causa. No se quiso investigar más allá. Estoy de acuerdo en que los aparatos represivos no estaban depurados. No sólo la implicación policial es clara, sino su impunidad”. A Hellín se le incautaron las armas del crimen, más 50 kilos de Goma 2, cebos electrónicos y un sinfín de munición, así como cinta magnetofónica en la que una voz dictaba nombres de militantes de la izquierda vasca, supuestamente desde las dependencias de un organismo de la seguridad del Estado. Durmió, un día después de arrebatar la vida a Yolanda, en la casa de un policía de Vitoria. Además, Juan Carlos Crespo, agente de Policía Nacional, participó en la vigilancia exterior de la vivienda mientras los asesinos procedían al secuestro. Crespo fue condenado a tres meses por allanamiento de morada, si bien su colaboración con la Justicia le rebajó la pena.

Por su parte, Emilio Hellín es condenado a algo más de 43 años de condena por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI, uso público de nombre supuesto. No obstante, en 1987 (sólo cinco años después de la sentencia) se le otorga un permiso carcelario con el que huye a Paraguay, donde goza del abrazo del régimen militar de Alfredo Stroessner, quien hacía gala de su simpatía por el nazismo. Hellín, en 1990, es extraditado a España, tras ser descubierto por un periodista de la extinta Interviú. Cambió de nombre por el de Luis Enrique, identidad de su hermano fallecido, el 25 de enero de 1996. Sólo cumplió un total de 14 años de prisión. No se le tuvo en cuenta su condición de preso fugado. Ignacio Abad es condenado a algo más de 28 años por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, tenencia ilícita de armas.

EL VERDUGO EN LA CASA DE TODOS 

Cuenta Pinel que “Hellín ha sido uno de los principales asesores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, participando en investigaciones judicializadas sobre terrorismo y delincuencia, impartiendo cursos de formación a agentes de este cuerpo, de la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra; cobrando por sus servicios del Ministerio del Interior. Los cursos impartidos por Hellín de 2008, para más inri, tenían al malogrado Alfredo Pérez Rubalcaba a los mandos de dicha área. Nunca se pronunció al respecto». Según datos a los que ha podido acceder nuevocronica.es, Interior lo contrató en 15 ocasiones y le pagó 140.000 euros. Es en 2013 cuando se destapa que el asesino habría trabajado para el Estado. “Rubalcaba tenía que proteger y guardar silencios como consecuencia de la guerra sucia contra ETA y sus implicaciones con los GAL. Sin duda es algo muy vergonzante desde el punto de vista democrático y de Derechos Humanos”, sostiene Lopesino.

LA DUDA Y EL INMINENTE 40 ANIVERSARIO 

Al cierre de esta edición no hay novedad alguna respecto a la colocación de la placa, a la par que corren los días para alcanzar el 1 de febrero de 2020, fecha en que habrán pasado cuatro décadas del abyecto episodio. De la zona en que fue ejecutada, sólo Leganés, desde su Asamblea por la República, ha querido perpetuar simbólicamente su memoria, cosa que ha agradecido la familia. Sí cuenta con un distintivo y estatua frente al intercambiador de Aluche, que ha sido atacada en alguna ocasión, y una plazuela entre los números 57 y 59 de la Ribera de Deusto lleva su nombre.

“No se hizo justicia, el juicio fue un despropósito y los trabajos de Hellín para Interior, indecentes. Estamos convencidos de que hay que defender su memoria. Lo de Aluche fue solicitado por el PSOE de Latina…”, manifiesta Pinel, al tiempo que López avisa de que “si el Ayuntamiento no procede, apoyaremos a la Asamblea de Leganés por la República para que la fijen. No entendemos la falta de voluntad de PSOE y Leganemos. No descansaremos hasta que la tenga, pues siempre mostramos interés por quienes lucharon a favor de las libertades en España, y este caso presenta la peculiaridad de haber tenido el execrable desenlace muy cerca de nosotros”. Por último, Lopesino señala que “habría que reconocerla como víctima del terrorismo, reabrir la causa judicial, y que los asesinos no tengan más contratos con el Estado. Confío en que, con este Gobierno nacional de coalición, se cierren heridas de tener a torturadores premiados con medallas. No se trata de venganza, sino de reparar injusticias, con la presión de las asociaciones pertinentes y la sociedad civil”.